El procedimiento realizado para retirar al bebé de Rancul derivó en denuncias contra el director general de Niñez, Rodrigo Lofvall, por presuntas amenazas y violencia institucional. La familia cuestionó la forma en que actuaron funcionarios y policías y reclama responsabilidades dentro del organismo provincial.
El caso ya llegó a la Legislatura, donde los bloques acordaron avanzar con una comisión especial para analizar las irregularidades denunciadas. Mientras tanto, el ministro Diego Álvarez defendió el procedimiento y aseguró que se buscó actuar de “la manera menos violenta posible”.
La actuación de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa quedó en el centro de una creciente polémica luego del operativo mediante el cual un bebé de Rancul fue retirado de la familia que había cumplido funciones de contención.
Lo que comenzó como el cumplimiento de una decisión judicial terminó derivando en tres denuncias, un reclamo frente a Casa de Gobierno, pedidos de renuncias y una presentación formal ante la Cámara de Diputados provincial.
La controversia no está centrada únicamente en qué debía ocurrir con el niño. La propia familia aclaró públicamente que su reclamo institucional apunta a otra cuestión: cómo actuaron los organismos dependientes del Gobierno provincial durante el procedimiento.
Tres denuncias después del operativo
Tres mujeres formularon denuncias en las que solicitaron investigar al director general de Niñez, Rodrigo Lofvall, por su posible intervención en los hechos y por las órdenes que pudieran haberse impartido durante el operativo.
Las presentaciones también alcanzan a otros funcionarios, asesores y efectivos policiales que participaron del procedimiento.
Entre las situaciones denunciadas aparecen presuntas amenazas, intimidaciones y episodios de violencia institucional. Las denunciantes solicitaron además preservar grabaciones de cámaras y audios, identificar al personal interviniente e incorporar las órdenes, actas y comunicaciones vinculadas al procedimiento.
Las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia y las denuncias no implican por sí mismas que los hechos atribuidos se encuentren acreditados.
Sin embargo, la gravedad de las acusaciones colocó bajo cuestionamiento el funcionamiento de uno de los organismos provinciales encargados de intervenir en situaciones particularmente sensibles.
Un traslado que también quedó bajo cuestionamiento
Uno de los puntos más delicados de la denuncia se refiere al momento en que la familia fue interceptada en Eduardo Castex mientras viajaba por la Ruta Nacional 35.
Según la presentación realizada por una integrante de la familia de contención, personal policial detuvo el vehículo y posteriormente funcionarios de Niñez trasladaron al bebé hacia Santa Rosa.
La denunciante sostiene que el niño habría sido transportado en un móvil oficial en brazos y sin una silla de seguridad infantil.
También afirmó que posteriormente no recibió un acta, certificado médico o constancia que documentara las condiciones en las que el bebé fue recibido por el organismo.
Otro de los cuestionamientos apunta a que uno de los referentes afectivos no habría podido ingresar para despedirse, pese a que —según la familia— esa posibilidad había sido acordada previamente.
Todos estos puntos forman parte ahora de las cuestiones cuya investigación fue solicitada.
“Nuestro reclamo es por la forma”
La familia buscó separar públicamente su planteo contra Niñez de la disputa judicial por la adopción.
Joaquín Díaz explicó que su presencia frente a Casa de Gobierno no tiene como objetivo pedirle al Ejecutivo provincial que intervenga en una decisión de la Justicia.
Su reclamo, afirmó, apunta al procedimiento utilizado por los funcionarios provinciales.
“No vengo a hablar del tema judicial. Yo acá vengo a hablar de un tema institucional”, explicó públicamente.
La familia reclama las renuncias de Rodrigo Lofvall y del subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, a quienes responsabiliza políticamente por la manera en que se desarrolló el operativo.
El caso expone así una discusión diferente a la adopción: si un organismo encargado precisamente de proteger los derechos de niños y familias actuó con el cuidado, la transparencia y la sensibilidad que una situación de estas características requería.
La defensa del Gobierno provincial
Desde la gestión provincial, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, defendió la intervención de Niñez y sostuvo que el organismo debía cumplir una orden judicial.
Según explicó, el bebé se encontraba en estado de adoptabilidad y el Juzgado de Familia ya había seleccionado a la familia adoptiva.
Álvarez afirmó además que durante el procedimiento se buscó actuar de “la manera menos violenta posible para el bebé” y aseguró que el objetivo central fue preservar sus derechos.
Esa explicación, sin embargo, no cerró la polémica.
La discusión que plantean las denuncias no pasa necesariamente por cuestionar la obligación de cumplir una resolución judicial, sino por determinar si la forma elegida para hacerlo respetó todos los procedimientos, garantías y cuidados correspondientes.
El caso llegó a la Legislatura
La controversia escaló esta semana hasta la Cámara de Diputados de La Pampa.
La familia expuso ante legisladores la cronología de los hechos y presentó un petitorio para que se investigue lo ocurrido durante el procedimiento.
Después de escuchar el planteo, los bloques acordaron avanzar en la creación de una comisión especial destinada a analizar las irregularidades denunciadas, poniendo como eje el interés superior del niño.
De esta manera, el episodio dejó de ser únicamente un conflicto entre una familia y un organismo administrativo para convertirse en un asunto institucional que requerirá explicaciones dentro de la propia estructura del Estado provincial.
Una gestión obligada a dar respuestas
El Gobierno de Sergio Ziliotto enfrenta ahora un problema que excede la resolución judicial que dio origen al procedimiento.
La administración provincial deberá explicar cómo se organizó el operativo, quién tomó las decisiones, qué instrucciones recibió la Policía, qué documentación respaldó cada paso y si se respetaron correctamente los protocolos durante el traslado y la entrega del bebé.
Cuando un procedimiento de un organismo dedicado a proteger a niños y familias termina con tres denuncias, pedidos de renuncia, un acampe frente a Casa de Gobierno y una comisión especial en la Legislatura, la discusión ya no puede limitarse a afirmar que existía una orden judicial.
La Justicia determinará si hubo responsabilidades penales. La responsabilidad política de explicar cómo funcionaron los organismos provinciales, en cambio, corresponde al Gobierno de La Pampa.
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