Un fondo creado específicamente para contener los problemas de inundaciones en el país está siendo utilizado para financiar las arcas del Tesoro Nacional, según se desprende de un análisis de la situación presupuestaria. La cuestión central no radica en la falta de recursos disponibles, sino en la ausencia de voluntad política para destinarlos a su propósito original.

Los números están; el dinero existe en las cuentas estatales. Sin embargo, permanece sin ejecutarse en las obras que la normativa legal establece como obligatorias. Esta desviación de fondos representa una paradoja administrativa: mientras los recursos se canalizan hacia otras prioridades del Tesoro, las comunidades vulnerables a inundaciones siguen expuestas a los riesgos que estas infraestructuras deberían mitigar.

La situación refleja un patrón recurrente en la gestión pública: la existencia de presupuesto no garantiza su aplicación en los destinos previstos. Aunque los fondos están disponibles en las arcas estatales, la falta de decisión política para ejecutar estas obras deja sin resolver un problema crítico que afecta a múltiples regiones del territorio nacional.

El fondo de inundaciones, concebido mediante legislación específica, debería estar orientado exclusivamente a proyectos de contención y prevención de desastres hídricos. Su desviación hacia el financiamiento general del Estado plantea interrogantes sobre las prioridades institucionales y la capacidad del sistema para canalizar recursos hacia problemáticas estructurales que requieren atención urgente.

Imagen: Monstera Production / Pexels – Con informacion de Clarín Rural