El gobierno dio marcha atrás en su intención de desregular completamente la actividad de los prácticos tras las medidas de fuerza que provocaron una paralización total en los principales puertos del país. La administración oficializó así lo que califica como una derrota en su estrategia de flexibilización del sector.
El conflicto surgió cuando el Ejecutivo avanzó con un plan de desregulación integral de la actividad portuaria. La respuesta del gremio de prácticos fue contundente: implementaron medidas de fuerza que dejaron sin operaciones a los puertos más importantes, generando un impacto significativo en la economía.
Ante la parálisis y la presión ejercida por el sector, el gobierno decidió revertir su decisión original. Sin embargo, no se trata de un retorno al status quo. Como resultado de las negociaciones, los prácticos aceptaron una reducción de sus tarifas del 20%, un punto que representa una concesión importante por parte del gremio, aunque también marca el fracaso parcial del proyecto desregulador que promovía la administración.
La solución alcanzada incluye la conformación de una mesa de trabajo con el objetivo de continuar conversaciones futuras entre el Ejecutivo y el sector. Esta instancia busca encontrar puntos de consenso en próximas etapas, evitando así nuevos conflictos que paralicen las operaciones portuarias.
El episodio refleja las dificultades que enfrenta el gobierno para implementar cambios estructurales en sectores estratégicos, particularmente cuando estos enfrentan resistencia organizada. Los prácticos demostraron capacidad para detener actividades críticas, lo que les permitió negociar desde una posición de fortaleza a pesar de las presiones iniciales del Ejecutivo por desregular.
Imagen: Da Na / Pexels – Con informacion de Bichos del Campo






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